Un año después de su puesta en marcha, la Ley de Eficiencia Judicial vuelve a estar en el centro del debate profesional. Esta vez, no desde los despachos ministeriales ni los plenos parlamentarios, sino desde el entorno más cercano a quienes la aplican día a día: los agentes judiciales. En el histórico sede del Club de la Constitución en Granada, jueces, secretarios judiciales y funcionarios de tribunales se han reunido para diseccionar, con rigor y sin filtros, los resultados reales de una reforma que prometía agilizar la justicia pero que, según muchos, ha dejado más preguntas que respuestas.

La norma, aprobada con el objetivo de reducir la lentitud crónica del sistema judicial español, supuso una reorganización profunda: la desaparición de los juzgados de instancia tradicionales y su reemplazo por los nuevos Tribunales de Instancia, órganos unificados con servicios comunes de tramitación. La idea era clara: eliminar duplicidades, centralizar funciones administrativas y permitir que jueces y magistrados se centraran exclusivamente en la resolución de conflictos. Pero, como han señalado los ponentes en el encuentro, la teoría no siempre se traduce en práctica.

Avances medibles, pero con costes humanos

Entre los aspectos positivos reconocidos por los participantes, destacan la reducción en los plazos de resolución de ciertos procedimientos civiles y mercantiles, especialmente en asuntos de menor complejidad. La unificación de los servicios comunes ha permitido, según varios secretarios judiciales presentes, una mejor distribución de la carga de trabajo administrativo y una menor burocracia interna en la gestión de expedientes.

Sin embargo, estos avances no han venido sin un precio. La carga sobre el personal de apoyo ha aumentado significativamente, sin que, en muchos casos, se haya incrementado proporcionalmente el número de plazas. «Estamos haciendo el trabajo de dos o tres personas con los mismos medios», declaró una secretaria judicial de Granada que prefirió mantener el anonimato. «La ley nos pide eficiencia, pero no nos da los recursos para ser eficientes».

La justicia de proximidad, en riesgo

Uno de los puntos más debatidos fue el impacto de la reforma en la justicia de proximidad. La desaparición de los juzgados de instancia tradicionales ha generado preocupación entre quienes defienden que la justicia debe estar cerca del ciudadano, tanto físicamente como en su comprensión. «Antes, un vecino iba a su juzgado de barrio, conocía al secretario, al auxiliar… Ahora tiene que ir a un tribunal centralizado, a veces a varios kilómetros, y no sabe a quién dirigirse», explicó un juez de primera instancia que lleva más de veinte años en la carrera.

Esta centralización, aunque eficiente en papel, ha generado sensación de despersonalización y, en algunos casos, dificultades de acceso para personas mayores, con movilidad reducida o sin recursos para desplazarse. Varios participantes coincidieron en que la reforma ha puesto en tensión dos principios constitucionales: la eficacia y la accesibilidad de la justicia.

Falta de formación y resistencia al cambio

Otro tema recurrente fue la insuficiente formación previa al cambio. Muchos agentes judiciales reconocieron que la transición se produjo sin una adecuada preparación, tanto técnica como cultural. «Nos dieron un manual y nos dijeron: “a partir de mañana, todo cambia”. Pero nadie nos explicó cómo adaptar nuestra mentalidad, nuestros flujos de trabajo ni cómo gestionar la resistencia al cambio», comentó un funcionario de justicia con más de diez años de antigüedad.

Esta falta de acompañamiento ha generado, en algunos casos, frustración y desmotivación. Aunque la mayoría reconoce la necesidad de modernizar el sistema, insisten en que cualquier reforma debe ir acompañada de inversión real en recursos humanos, formación continua y mecanismos de retroalimentación desde la base.

Demandas claras: más medios, menos improvisación

Al cierre del debate, las conclusiones fueron contundentes. Los agentes judiciales no rechazan la Ley de Eficiencia Judicial en bloque, pero exigen tres ajustes fundamentales:

  • Un aumento significativo y sostenido de la plantilla de funcionarios de justicia, especialmente en los servicios comunes de tramitación.
  • Un plan de formación continuo y obligatorio para todos los afectados por la reforma, con especial atención a las nuevas competencias y herramientas digitales.
  • La creación de mesas de seguimiento permanentes, integradas por representantes de las distintas categorías profesionales, para evaluar el impacto real de la norma y proponer ajustes basados en la experiencia de terreno.

Como señaló uno de los ponentes al finalizar su intervención: «La justicia no se reforma con decretos solos. Se reforma con gente, con medios y con escucha. Hasta que no tengamos eso, cualquier ley de eficiencia será solo un buen intento mal ejecutado».

El Club de la Constitución, tradicional foro de reflexión jurídica en Andalucía, ha vuelto a demostrar su valor como espacio de debate crítico y constructivo. La nueva justicia está aquí, pero su éxito no dependerá solo de su diseño en los despachos, sino de su capacidad para funcionar en los pasillos, las salas de vista y los archivos de los tribunales. Y eso, como han dejado claro quienes la viven cada día, aún está por demostrarse.