Una historia que renace

En junio de 2026, la conversación que había permanecido en silencio vuelve a ocupar los titulares: la posible reapertura de la mina a cielo abierto El Dorado, la mayor del continente en producción de oro, situada en la sierra de Cajamarca, Perú. Cerrada en 2018 tras protestas sociales y una revisión ambiental, la mina vuelve a ser el centro de un debate que reúne a gobiernos, empresas mineras, comunidades indígenas y expertos en sostenibilidad.

¿Por qué la mina El Dorado es estratégica?

El proyecto El Dorado, operado históricamente por la compañía minera GlobalGold, cuenta con reservas estimadas en 12 millones de onzas de oro y una capacidad de producción de 250.000 onzas al año. Su ubicación en la zona alta de los Andes le permite acceder a vetas de alta ley, lo que la convierte en una fuente de ingresos atractiva tanto para el Estado peruano como para los inversores internacionales.

Además, la mina ha sido considerada un motor de desarrollo regional: durante su fase operativa generó más de 3.500 empleos directos y estimuló la creación de pequeñas empresas de servicios, transporte y alimentación. Según datos del Ministerio de Energía y Minas, la actividad minera en la región aportó US$ 1.200 millones al Producto Interno Bruto regional entre 2010 y 2017.

Impacto económico esperado

Los estudios preliminares presentados por GlobalGold indican que una reactivación completa podría generar:

  • 1.800 empleos directos y hasta 4.000 indirectos en sectores de logística, construcción y comercio.
  • Un incremento de US$ 800 millones en ingresos fiscales anuales para el Estado peruano.
  • Inversión de US$ 1.300 millones en infraestructura, incluyendo carreteras de acceso, sistemas de energía renovable y obras de mitigación ambiental.

Los defensores del proyecto resaltan que, en un contexto de recuperación económica post‑pandemia, la mina representa una oportunidad para diversificar la matriz productiva del país y reducir la dependencia de la exportación de materias primas tradicionales.

Desafíos medioambientales y sociales

Sin embargo, la reapertura no está exenta de controversia. La clausura de 2018 se debió, entre otros motivos, a la preocupación de comunidades aymara y quechua por la contaminación de los ríos Chanchamayo y Ucayali, que abastecen a cientos de familias. Estudios independientes realizaron detecciones de metales pesados por encima de los límites seguros, lo que provocó la suspensión de actividades y la declaración de estado de emergencia sanitaria en la zona.

Los grupos ambientalistas también señalan el riesgo de deforestación y la pérdida de biodiversidad en la zona de amortiguamiento, donde habitan especies endémicas como el cóndor andino y el oso de anteojos. En respuesta, la empresa ha propuesto un plan de cierre responsable que incluye la reforestación de 1.200 hectáreas y la instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales de última generación.

Principales puntos de conflicto

  • Derechos de la tierra: más de 2.300 familias reclaman la restitución de tierras que fueron expropiadas en la década de 1990 para la construcción de la mina.
  • Calidad del agua: la comunidad de San Miguel de la Sierra exige garantías de que los efluentes no afectarán la potabilidad del río Chanchamayo.
  • Impacto cultural: sitios arqueológicos precolombinos se encuentran dentro del perímetro de la excavación, lo que genera preocupación entre los arqueólogos y las autoridades del patrimonio.

Los actores clave y sus posturas

Gobierno nacional: El Ministerio de Energía y Minas ha anunciado la creación de una comisión interinstitucional para evaluar la viabilidad del proyecto bajo los estándares de la normativa ambiental de 2025. El ministro ha declarado que la prioridad es “garantizar la seguridad jurídica de la inversión sin sacrificar la salud de nuestras comunidades”.

Empresa GlobalGold: La compañía presentó un dossier técnico que incluye la instalación de una planta de tratamiento de lixiviación in situ, la utilización de energía solar para alimentar la maquinaria pesada y la implementación de un programa de monitoreo continuo de la calidad del agua.

Comunidades locales: Liderazgos como el de María Quispe, presidenta del Consejo de Desarrollo de San Miguel, exigen la firma de un acuerdo de consulta previa, libre e informada (CPLI) antes de cualquier avance. Quispe ha señalado que “el oro no vale la vida de nuestros niños ni la pureza de nuestros ríos”.

Organizaciones ambientales: La ONG Andes Verde ha publicado un informe que advierte sobre la acumulación de cianuro en el suelo y propone la adopción de tecnologías de extracción menos contaminantes, como la gravedad y la flotación por espuma.

Escenarios posibles

Ante la complejidad del caso, los analistas identifican tres escenarios plausibles para los próximos 12‑18 meses:

1. Reapertura condicionada

El gobierno otorga la licencia bajo estrictas condiciones medioambientales, la empresa invierte en tecnología limpia y se firma un CPLI que incluye compensaciones económicas y proyectos de desarrollo social. En este caso, la mina podría reanudar operaciones a finales de 2027.

2. Suspensión prolongada

Las negociaciones se estancan por la falta de acuerdo sobre la restitución de tierras y la garantía de agua potable. GlobalGold decide posponer la inversión y el proyecto queda en espera indefinida, mientras la región sigue buscando alternativas de desarrollo.

3. Cierre definitivo

Las presiones sociales y los costos de cumplimiento superan los beneficios esperados, llevando a la empresa a abandonar el proyecto. El territorio sería destinado a actividades agrícolas y ecoturísticas, con apoyo estatal para la transición.

Perspectivas a medio plazo

Independientemente del desenlace, la discusión alrededor de El Dorado refleja una tendencia más amplia en América Latina: la necesidad de equilibrar la extracción de recursos con la protección del medio ambiente y los derechos de las poblaciones originarias. La experiencia de otras minas a cielo abierto, como la de Cerro Verde en Perú o la de Escondida en Chile, muestra que la integración de tecnologías verdes y la participación activa de la comunidad son factores decisivos para la sostenibilidad a largo plazo.

En los próximos meses, la atención se centrará en la publicación del informe de la comisión interinstitucional y en la respuesta de la sociedad civil a los compromisos presentados por GlobalGold. La fiebre del oro vuelve a latir, pero su ritmo dependerá de cómo se armonicen los intereses económicos con los valores ambientales y sociales de la región.