El pleno municipal de Torrelaguna, en la Comunidad de Madrid, se convirtió este miércoles en el escenario de una jugada política inesperada que ha dejado al alcalde del Partido Popular, José Luis Martínez, sin sueldo durante los próximos seis meses. La medida, aprobada por un ajustado voto de 7 a 6, responde a una moción de censura parcial presentada por la coalición de izquierdas Unidos por Torrelaguna, que logró el apoyo decisivo de un edil que, hasta hace pocas semanas, pertenecía al propio grupo municipal del alcalde.

El regreso inesperado de un edil expulsado

El voto que cambió el equilibrio fue el de Carlos Méndez, concejal que fue expulsado del grupo popular en febrero tras ser acusado por el propio alcalde de ejercer un «chantaje político» al amenazar con revelar supuestas irregularidades en la contratación de una empresa local para la gestión de residuos si no se le concedía una subvención directa para su asociación vecinal. La acusación, hecha pública en un comunicado del PP local, llevó a su expulsión inmediata del grupo y a su paso a la condición de no adscrito.

Sin embargo, en el pleno de este miércoles, Méndez no solo asistió, sino que tomó la palabra para explicar que, tras una revisión interna de los documentos que había presentado, el secretario municipal había determinado que no existía base legal para sustentar la acusación de chantaje. «No buscaba dinero ni favores», afirmó Méndez. «Solo quería que se revisara un contrato que parecía diseñado para favorecer a una empresa vinculada al cuñado de un concejal del PP. Cuando no me escucharon, pensé que era lo único que me quedaba».

Una moción de censura parcial con efecto inmediato

La moción presentada por Unidos por Torrelaguna no buscaba destituir al alcalde, sino suspenderle el sueldo como medida de presión política tras meses de acusaciones de falta de transparencia en la gestión de fondos europeos para la renovación del centro cultural municipal. Según el informe de intervención municipal al que tuvo acceso este medio, hubo retrasos injustificados en la justificación de más de 180.000 euros de fondos Next Generation EU.

La moción fue aprobada con los votos de los cinco concejales de Unidos por Torrelaguna, el voto de Méndez y la abstención de la edil de Vox, quien justificó su posición diciendo que, aunque compartía las críticas al alcalde, no creía que la suspensión del sueldo fuera el instrumento adecuado. Los seis concejales del PP votaron en contra, argumentando que la medida era «una venganza disfrazada de fiscalización» y que Méndez no tenía derecho a votar tras su expulsión.

El alcalde denuncia una maniobra «fraudulenta»

Al término del pleno, José Luis Martínez acusó a la oposición y a Méndez de haber orquestado una «trampa parlamentaria». «Este señor fue expulsado por faltar a la verdad y ahora vuelve a decidir sobre mi sueldo como si nada hubiera pasado», declaró el alcalde a la salida del ayuntamiento. «Es una falta de respeto a la institución y a los vecinos que nos eligieron para gobernar».

Martínez anunció que recurrirá la decisión ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad de Madrid, argumentando que el voto de Méndez es nulo de pleno derecho debido a su expulsión del grupo municipal, lo que, según él, le inhabilita para ejercer funciones de gobierno, incluida la votación en plenos.

Vecinos divididos entre sorpresa y satisfacción

En las calles de Torrelaguna, la noticia ha generado reacciones encontradas. En la plaza del Ayuntamiento, un grupo de jubilados que aguardaba la apertura del centro de día comentó entre sí que «al fin alguien le pone freno». «Llevamos años viendo cómo se hacen los cosas a dedo y nadie dice nada», dijo una vecina de 72 años que prefirió no dar su nombre.

Por el contrario, en la asociación de comerciantes del municipio, su presidente mostró preocupación por la inestabilidad. «Esto no ayuda a atraer inversiones ni a trabajar con tranquilidad. Si cada seis meses hay una votación para quitarle el sueldo al alcalde, ¿quién va a querer invertir aquí?», comentó.

El pleno quedó cerrado sin que se abordaran otros puntos del orden del día, como la aprobación del presupuesto municipal para 2027 o la polémica ordenanza de terrazas, que quedó pospuesta sine die. Mientras tanto, el alcalde sigue en el ejercicio de su cargo, pero sin percibir retribución hasta que se resuelva el recurso o transcurran los seis meses de sanción.