Una finca rústica situada en el interior de Formentera ha sido objeto de una inspección sorpresa por parte de agentes de la Guardia Civil y técnicos del Consell Insular, tras recibir varias denuncias ciudadanas que apuntaban a la posible existencia de un taller mecánico operando sin licencia en una zona de suelo protegido. La actuación se realizó el pasado martes 14 de octubre de 2026, alrededor de las 10:30 horas, cuando los agentes accedieron a la propiedad siguiendo una orden judicial motivada por presuntas infracciones al ordenamiento urbanístico y a la normativa de actividades peligrosas.

Antecedentes de la denuncia

Los primeros indicios surgieron a finales de septiembre, cuando varios vecinos de la zona de Sant Francesc Xavier percibieron ruidos constantes de maquinaria pesada y olores a combustible que, según sus testimonios, no correspondían con las actividades agrícolas típicas de la isla. Además, se observó la presencia de contenedores metálicos apilados cerca de una nave anexa a la vivienda principal, lo que despertó sospechas sobre el almacenamiento ilegal de residuos peligrosos. Ante la creciente preocupación, la asociación vecinal presentó formalmente una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Ibiza, solicitando una inspección urgente.

Operativo de inspección

El dispositivo contó con la participación de seis agentes de la Seprona, dos técnicos de medio ambiente del Consell y un representante del Servicio de Urbanismo. Al acceder a la finca, los inspectores constataron que la edificación principal, catalogada como vivienda unifamiliar de uso residencial, había sido modificada sin autorización para albergar una zona de trabajo equipada con elevadores hidráulicos, bancos de herramientas y compresores de aire. En el anexo, destinado originalmente a almacén de aperos agrícolas, se encontró una instalación de soldadura eléctrica y un área de pintura con cabinas de extracción que carecían de los filtros requeridos por la normativa de emisiones industriales.

Hallazgos en el terreno

  • Presencia de residuos metálicos y neumáticos usados apilados sin contención adecuada.
  • Derivados de hidrocarburos detectados en el suelo mediante pruebas de campo, indicando posibles vertidos.
  • Falta de licencia de actividad y de informe de impacto ambiental previo.
  • Instalaciones eléctricas que no cumplían con la normativa de baja tensión, representando un riesgo de sobrecarga.

Declaraciones de autoridades

El titular de la Seprona en Baleares, José Luis Marín, declaró en el lugar que "actuamos siguiendo el principio de precaución; cualquier actividad que implique manipulación de sustancias peligrosas debe contar con las autorizaciones correspondientes y someterse a controles periódicos". Por su parte, la técnico de medio ambiente del Consell, María del Pilar Ruiz, añadió que "la zona donde se encuentra la finca está catalogada como suelo rústico de protección especial, por lo que cualquier transformación que altere su uso agrícola está sujeta a una licencia urbanística que, en este caso, no existía".

Reacción de la comunidad

Los residentes de la zona expresaron alivio tras la intervención, aunque también mostraron preocupación por el posible daño ambiental ya causado. Vecinos entrevistados señalaron que habían intentado, sin éxito, llamar la atención del Ayuntamiento meses antes mediante escritos y reuniones informales. Ahora exigen una vigilancia más estrictas y la creación de un registro público de actividades industriales en suelo rústico para evitar futuros incidentes.

Posibles consecuencias legales

Según la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana de las Islas Baleares y la normativa de residuos peligrosos, los responsables podrían enfrentar sanciones que van desde multas económicas de hasta 60.000 euros hasta la obligación de restablecer el estado original del terreno, retirando todos los equipos y residuos encontrados. Asimismo, se abre la vía para la posible incoación de un procedimiento penal por delito contra la ordenación del territorio, cuya pena puede incluir prisión de hasta dos años en caso de reincidencia o de daño ambiental significativo.

Las autoridades han señalado que el informe preliminar será remitido al Juzgado de Instrucción de Ibiza en las próximas 48 horas, donde se decidirá si se procede con la apertura de diligencias previas o se archivo el asunto previa subsanación de las irregularidades detectadas. Mientras tanto, la finca permanece bajo precintura cautelar, impidiendo cualquier acceso no autorizado hasta que se resuelva su situación jurídica.