En los últimos meses, autoridades de ambos lados del Estrecho de Gibraltar han retomado una idea que había quedado en pausa: la imposición de una tasa por cada embarcación que atraviese la vía marítima que separa Europa de África. La medida, presentada por técnicos de los ministerios de Transporte de España y Marruecos, busca financiar mejoras en la seguridad naval, reducir la contaminación atmosférica y generar recursos para la modernización de los puertos de Algeciras y Tánger Med. El anuncio se ha producido en un contexto de aumento sostenido del tráfico de ferris, portacontenedores y buques de cruceros, que supera los 120 000 pasos anuales.

Orígenes de la propuesta

La iniciativa no es totalmente nueva. Ya en 2018 se estudió un peaje simbólico para financiar la vigilancia contra el tráfico ilícito de personas y drogas, pero el proyecto se archivó ante la oposición de armadores y asociaciones de transporte. Ahora, el argumento central se ha desplazado hacia la transición ecológica: los responsables sostienen que una tasa modesta, estimada entre 5 y 15 euros por paso, podría destinarse a la instalación de sistemas de reducción de emisiones en los buques y a la electrificación de los muelles.

Cómo funcionaría el mecanismo de tasas

Según el borrador de acuerdo, la recaudación se realizaría mediante un sistema electrónico de identificación automática (AIS) que ya está obligatorio para la mayoría de los buques comerciales. Cada vez que un barco cruce la línea imaginaria que une el Punta de Tarifa con el Cabo Spartel, su registro sería validado y se generaría una factura electrónica que el armador tendría que saldar dentro de un plazo de 15 días. Los ferris de pasajeros, que representan aproximadamente el 30 % del total de tránsitos, quedarían sujetos a una tarifa reducida, mientras que los buques de carga y los petroleros pagarían la tarifa completa.

  • Recaudación estimada: entre 600 000 y 1,8 millones de euros anuales.
  • Gestión conjunta: una entidad binacional supervisaría la recaudación y la distribución de fondos.
  • Exenciones: embarcaciones de rescate, militares y de ayuda humanitaria quedarían fuera del gravamen.

Impacto económico y logístico

Los sectores más directamente afectados son las navieras de corto recorrido y las empresas de transporte de mercancías que dependen de la rapidez del cruce para mantener sus cadenas de suministro. Un estudio preliminar de la Cámara de Comercio de Cádiz sugiere que un incremento de costes de entre 0,2 % y 0,5 % por viaje podría traducirse en un aumento leve de los precios de algunos productos alimenticios y de consumo que se importan desde Marruecos. No obstante, los defensores de la medida argumentan que la mejora en la calidad del aire y la reducción de accidentes marítimos compensarían con creces ese pequeño sobrecoste.

Reacciones de los agentes involucrados

La respuesta ha sido variada. Las asociaciones de armadores españoles, como ANEOP, han mostrado cautela, pidiendo que cualquier tasa sea acompañada de compensaciones en forma de reducciones en los peajes portuarios o de ayudas para la adaptación tecnológica de sus flotas. Por su parte, la Federación Marroquí de Transporte Marítimo ha señalado que, siempre que los ingresos se reinvierta en infraestructuras verdes, podrían apoyar la iniciativa. Los grupos ecologistas, por otro lado, han celebrado la propuesta como una oportunidad para frenar la contaminación por óxidos de nitrógeno y partículas suspendidas que, según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, se concentran en torno al Estrecho en niveles superiores a los recomendados por la OMS.

Debate internacional y posibles alternativas

La idea de peajes marítimos no es inédita en el mundo; el Canal de Suez y el Canal de Panamá ya aplican tarifas de paso que financian su mantenimiento y ampliación. Algunos expertos en derecho marítimo advierten que cualquier cargo debe respetar el principio de libre navegación consagrado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), por lo que proponen que la tasa tenga carácter de «servicio» y no de impuesto puro, vinculándose explícitamente a prestaciones concretas como la vigilancia, la lucha contra la contaminación y la mejora de los servicios de rescate.

Alternativas sobre la mesa

  • Creación de un fondo marino alimentado por contribuciones voluntarias de las navieras a cambio de certificaciones verdes.
  • Implementación de zonas de emisión controlada (ECA) que obliguen a los buques a usar combustibles más limpios, con sanciones económicas para quien no cumpla.
  • Acuerdos de cooperación para patrullajes mixtos que reduzcan los costes de vigilancia sin necesidad de recaudar directamente a los usuarios.

En definitiva, la propuesta de establecer tasas por cruzar el Estrecho de Gibraltar se sitúa en la encrucijada entre la necesidad de financiar la transición ecológica y la preocupación por no encarecer excesivamente un corredor vital para el comercio entre Europa y África. Los próximos meses serán decisivos para saber si la iniciativa avanza hacia un acuerdo binacional o se queda en un debate técnico que, por ahora, deja el futuro del peaje en el aire.