En la playa con Juanito, un policía del escuadrón de la muerte de la guerra contra las drogas en Filipinas (y el juicio por el asesinato del español Diego Bello)

La arena aún conserva la humedad de la marea reciente cuando el sol de la tarde comienza a descender sobre la costa de Zambales. A pocos metros de la línea de espuma, Juanito se sienta sobre una toalla desgastada, sus ojos escanean el horizonte mientras sostiene una botella de agua. A primera vista parece un ciudadano cualquiera que disfruta de un día de descanso, pero su historial lo ubica en el centro de uno de los capítulos más oscuros de la política de seguridad filipina: los escuadrones de la muerte que operaron durante la guerra contra las drogas iniciada bajo la administración de Rodrigo Duterte.

Quién es Juanito y su rol en el escuadrón de la muerte

Juanito, cuyo nombre completo permanece bajo reserva por razones de seguridad, ingresó a la policía nacional a los veinte años. Tras pasar por la academia, fue asignado a una unidad especializada cuya misión oficial era apoyar operaciones antidrogas en zonas rurales. Sin embargo, varios testimonios recopilados por organizaciones de derechos humanos indican que esa unidad actuó, de hecho, como un grupo de ejecución extrajudicial, encargándose de detener, interrogar y, en muchos casos, eliminar a presuntos sospechosos sin pasar por el sistema judicial.

En la conversación que se desarrolla bajo la sombra de una palmera, Juanito relata cómo, tras varios años de servicio, empezó a cuestionar la lógica de las operaciones. "Al principio creíamos que estábamos protegiendo a nuestras comunidades", explica, "pero con el tiempo vimos que las órdenes venían de arriba y que la evidencia rara vez se presentaba ante un juez". Su testimonio se suma a un creciente cuerpo de declaraciones de exmiembros que describen reuniones informales donde se definían objetivos, se pagaban comisiones por cada "resultado" y se manipulaban informes para encubrir las muertes.

El caso Diego Bello: un español en medio de la guerra contra las drogas

Diego Bello, ciudadano español de 34 años, llegó a Filipinas en early 2024 como parte de un proyecto de cooperación técnica en energías renovables. Según su familia y amigos, llevaba una vida discreta, centrada en su trabajo y en explorar el archipiélago durante los fines de semana. El 12 de marzo de 2024, su cuerpo fue hallado en una zona periférica de Manila, con señales de violencia y sin identificación inmediata. Las autoridades locales inicialmente lo catalogaron como "victima de un ajuste de cuentas relacionado con drogas", una etiqueta que rápidamente se difundió en los medios nacionales.

La Embajada de España en Manila, alertada por la falta de contacto, intervino solicitando una investigación exhaustiva. Pruebas forenses posteriores revelaron que Bello no tenía antecedentes de consumo ni de tráfico de sustancias ilícitas, y que las lesiones presentes en su cuerpo eran compatibles con un enfrentamiento armado breve, no con un intercambio prolongado típico de los conflictos entre bandas.

La presión internacional y la insistencia de la familia llevaron a la reapertura del caso como posible homicidio doloso. En junio de 2025, un juzgado de Manila emitió una orden de arresto contra tres agentes de la unidad a la que pertenecía Juanito, acusándolos de asesinato, falsedad documental y abuso de autoridad.

El juicio en marcha: pruebas, testigos y tensiones diplomáticas

El tribunal de la ciudad de Quezón comenzó el juicio en octubre de 2025. La fiscalía apresentou un dossier que incluye grabaciones de cámaras de seguridad cercanas al lugar donde fue encontrado el cuerpo, testimonios de vecinos que escucharon disparos esa noche y un informe balístico que vincula el arma utilizada con una pistola estándar issuida a la unidad policial.

Uno de los momentos más impactantes del proceso fue la declaración de Juanito, quien, bajo protección de testigos, admitió haber estado presente en el operativo que llevó a la detención de Bello, aunque negó haber disparado el arma fatal. "Recibí la orden de trasladarlo a una base para interrogatorio", dijo, "pero nunca imaginé que terminaríamos en esa situación". Su confesión parcial ha generado un debate intenso dentro de la fuerza policial, donde algunos lo ven como un traidor y otros como un intento de romper el pacto de silencio que ha protegido a los escuadrones durante años.

El juicio también ha puesto en evidencia la tensión entre Filipinas y España. La embajada española ha señalado que cualquier retraso o falta de transparencia podría afectar las relaciones bilaterales, mientras que el gobierno filipino insiste en que el proceso sigue los estándares de justicia nacional. Organizaciones internacionales de derechos humanos han solicitado la presencia de observadores externos para garantizar la imparcialidad del procedimiento.

Reacciones y perspectivas de futuro

Fuera del edificio judicial, grupos de activistas han colocado pancartas con lemas como "Alto a las ejecuciones extrajudiciales" y "Justicia para Diego". Simultáneamente, asociaciones de oficiales en activo han organizado marchas de apoyo a los acusados, argumentando que están siendo usados como chivos expiatorios por fallos sistémicos en la estrategia antidrogas.

Para Juanito, la playa se ha convertido en un espacio de reflexión. Entre risas de niños y el murmullo de las olas, confiesa que aún no sabe qué deparará el futuro: una posible condena, una nueva identidad bajo protección o el retorno anónimo a la vida civil. Lo que sí parece claro es que su testimonio, junto al caso de Diego Bello, está aportando piezas esenciales para comprender la magnitud de los abusos cometidos en nombre de la guerra contra las drogas y, quizás, sentar un precedente para que futuros episodios de violencia estatal sean examinados con mayor escrutinio.