El Consejo de Ministros ha anunciado oficialmente la adjudicación del nuevo canal en abierto de la Televisión Digital Terrestre (TDT) a un grupo empresarial vinculado a Prisa, movimiento que ha despertado inmediatas reacciones en el sector de los medios y entre organizaciones de defensa de la pluralidad informativa. La decisión se enmarca dentro del proceso de licitación abierto el pasado año, cuyo objetivo era ampliar la oferta de canales gratuitos y fomentar la competencia en el ámbito de la televisión terrestre.

Contexto de la licitación

La convocatoria para el nuevo multiplex abierto se lanzó a finales de 2025 tras una revisión del Plan Nacional de Frecuencias, que identificó un espacio disponible en la banda UHF para un adicional de programación en abierto. El proceso estuvo supervisado por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) y contó con la participación de varios consorcios, entre ellos propuestas de grupos independientes, cooperativas de productores y grandes operadores de telecomunicaciones.

Según el comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la evaluación se basó en criterios de viabilidad económica, compromiso con la producción nacional de contenido, y planes de diversificación informativa. El grupo adjudicado, que se autodenomina “rebeldes de Prisa”, presentó un proyecto que combina programación de entretenimiento, documentales de investigación y espacios de debate ciudadano.

Perfil del adjudicado

El consorcio resultante está formado por una serie de sociedades que, aunque operan de forma independiente, comparten vínculos accionariales con Prisa, el conglomerado detrás de medios como El País, la cadena SER y varias plataformas de streaming. En su presentación, el grupo enfatizó su intención de romper con los formatos tradicionales de la TDT y ofrecer una parrilla que incluya:

  • Programas de actualidad con formato de talk show conducidos por periodistas de distintas generaciones.
  • Series documentales producidas íntegramente en España, centradas en temas sociales, medioambientales y de cultura digital.
  • Bloques de contenido educativo dirigidos a públicos jóvenes y adultos, en colaboración con universidades y centros de formación profesional.
  • Espacios abiertos a la participación ciudadana, donde colectivos vecinales y asociaciones puedan proponer segmentos de interés local.

Los representantes del consorcio señalaron que el acceso a la licencia les permitirá invertir en infraestructura de transmisión propia y en estudios de producción ubicados en varias comunidades autónomas, con el objetivo de descentralizar la generación de contenidos.

Reacciones del sector

La adjudicación ha generado un amplio debate entre asociaciones de profesionales del periodismo, sindicatos de trabajadores de la televisión y plataformas de defensa del derecho a la información. Algunos sectores celebran la entrada de un nuevo actor que promete mayor diversidad de voces y una programación menos dependiente de los grandes grupos de comunicación tradicionales.

Por otro lado, organizaciones como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) han expresado preocupación por la posible concentración de influencia que podría derivar de los vínculos accionariales con Prisa. En un comunicado, la FAPE solicitó al regulador que establezca mecanismos de seguimiento para garantizar la independencia editorial y el cumplimiento de las cuotas de producción nacional establecidas en la ley de servicios de comunicación audiovisual.

Implicaciones para el ecosistema de la TDT

Con la incorporación de este nuevo canal, la TDT pasa a disponer de seis multiplexes en abierto, lo que aumenta la capacidad de oferta en aproximadamente un 20 % respecto a la situación previa. Los analistas del sector señalan que esta expansión podría presionar a los operadores existentes a renovar sus parrillas, mejorar la calidad de sus producciones y explorar modelos de financiación híbridos que incluyan tanto publicidad como micropagos de espectadores.

Además, la decisión abre la puerta a futuras licitaciones de multiplexes adicionales, siempre que la disponibilidad del espectro lo permita. El Ministerio ha indicado que revisará periódicamente el Plan Nacional de Frecuencias para evaluar la posibilidad de abrir nuevos canales en función de la demanda del mercado y los avances en tecnologías de compresión de vídeo.

Próximos pasos

El grupo adjudicado dispone de un plazo de seis meses para poner en marcha las emisiones regulares, periodo durante el cual deberá presentar ante la CNMC un plan de ejecución que detalle la programación inicial, los hitos de construcción de los estudios y los compromisos de inversión en contenido nacional. Se espera que las primeras pruebas de emisión se realicen a finales del cuarto trimestre de 2026, con la programación oficial iniciando a principios de 2027.

Mientras tanto, el regulador ha anunciado la apertura de un período de consulta pública destinado a recoger opiniones de espectadores, creadores de contenido y expertos en telecomunicaciones sobre las condiciones de servicio que deberá cumplir el nuevo canal. Los resultados de esta consulta podrían influir en ajustes finales al otorgamiento de la licencia antes del inicio de las transmisiones.

La adjudicación representa, por tanto, un punto de inflexión en la evolución de la televisión terrestre en España. Su éxito dependerá de la capacidad del consorcio para equilibrar los imperativos comerciales con el mandato de ofrecer una programación variada, accesible y comprometida con el interés público, todo dentro de un entorno regulatorio que vigila de cerca la concentración de poder en el sector mediático.