Una auditoría que destapa un vacío normativo

La Universidad de Córdoba (UCO) ha revelado, a principios de mayo de 2026, que los contratos vinculados a la cátedra dirigida por la profesora Begoña Gómez se encuentran al "margen de la normativa". El hallazgo, realizado por la Oficina de Control Interno, indica que, aunque los acuerdos cumplen con los requisitos formales, su estructura permite una apariencia de legalidad que escapa al espíritu de la regulación universitaria. El descubrimiento se produce en el contexto de una creciente presión pública por la transparencia en la gestión de fondos académicos.

¿Qué implica estar al margen de la normativa?

Estar "al margen" no significa que los contratos sean ilegales; más bien, se sitúan en una zona gris donde la normativa vigente no ofrece una prohibición explícita, pero sí deja espacio para interpretaciones que pueden favorecer intereses particulares. En este caso, la auditoría señala que la contratación de servicios externos y la remuneración de la cátedra se realizaron mediante cláusulas que, aunque formales, permiten una flexibilidad que no está contemplada en los lineamientos de la UCO.

Antecedentes de la cátedra de Begoña Gómez

La cátedra de Begoña Gómez, especializada en gestión de recursos humanos y desarrollo organizacional, fue creada en 2019 con el objetivo de fortalecer la investigación aplicada en el ámbito empresarial. Desde su fundación, la cátedra ha recibido financiación mixta: fondos públicos, aportaciones de empresas colaboradoras y recursos propios de la universidad.

Durante los primeros años, la cátedra se destacó por la publicación de estudios citados internacionalmente y la organización de seminarios con participación de directivos de alto nivel. Sin embargo, la combinación de fuentes de financiación y la ausencia de una normativa clara sobre la contratación de expertos externos comenzaron a generar dudas entre algunos miembros del Claustro.

Hallazgos de la auditoría interna

El informe de la Oficina de Control Interno, presentado el 3 de mayo de 2026, detalla varios puntos críticos:

  • Los contratos de prestación de servicios fueron suscritos con empresas vinculadas a colaboradores cercanos de la cátedra, sin un proceso de licitación abierto.
  • Los honorarios pactados superan los límites establecidos para actividades similares en otras unidades académicas.
  • Se utilizó una cláusula de "consultoría estratégica" que, según el informe, encubre la verdadera naturaleza de los trabajos realizados.
  • La documentación de respaldo, como facturas y certificaciones de cumplimiento, presenta inconsistencias en fechas y firmas.

Aunque la auditoría no encontró evidencia de fraude deliberado, sí subrayó que la configuración de los contratos permite una apariencia de legalidad que dificulta su detección por parte de los órganos de control habituales.

¿Por qué la normativa permite estas lagunas?

La normativa universitaria española establece principios generales sobre la contratación pública, pero delega a cada institución la elaboración de sus propios reglamentos internos. En la UCO, la normativa interna sobre contratos de cátedras se actualizó por última vez en 2015, antes de la proliferación de modelos de financiación mixtos que hoy son habituales. Esta desactualización crea un vacío que puede ser explotado sin que exista una infracción directa.

Reacciones dentro de la comunidad universitaria

El descubrimiento ha generado un amplio abanico de respuestas entre docentes, estudiantes y personal administrativo:

  • Profesores: algunos colegas han pedido una revisión exhaustiva de todas las cátedras con financiación externa, argumentando que la confianza institucional está en juego.
  • Estudiantes: grupos estudiantiles han organizado foros para exigir mayor transparencia y han presentado una petición firmada por más de 1.200 alumnos para que el rectorado publique un informe detallado.
  • Administración: el rector, en una declaración oficial, ha asegurado que se abrirá un proceso de revisión normativa y que se adoptarán medidas correctivas en caso de confirmarse irregularidades.

En paralelo, la profesora Begoña Gómez ha defendido la legalidad de los contratos, señalando que todos los documentos fueron aprobados por la Oficina de Gestión Académica y que los honorarios reflejan el valor de los servicios prestados.

Posibles consecuencias y pasos a seguir

Si bien la auditoría no implica sanciones automáticas, el informe abre la puerta a varias acciones:

  • Revisión normativa: la Universidad podría actualizar sus directrices de contratación para cerrar las lagunas identificadas.
  • Auditorías externas: la contratación de una firma independiente para validar los procesos y ofrecer recomendaciones.
  • Responsabilidad disciplinaria: en caso de que se demuestre que se actuó con negligencia o con intención de eludir la normativa, podrían iniciarse procedimientos disciplinarios contra los responsables.

Además, el caso podría influir en la discusión a nivel nacional sobre la necesidad de una normativa más homogénea para la gestión de cátedras con financiación mixta, un tema que ya ha sido planteado en el Congreso de los Diputados.

¿Qué significa para la reputación de la UCO?

La percepción pública de la universidad está en juego. La transparencia y la rapidez con la que se adopten medidas correctivas serán determinantes para mantener la confianza de la comunidad académica y de los socios externos. Un proceso abierto y participativo, que incluya a estudiantes y profesores, podría transformar este episodio en una oportunidad para reforzar la gobernanza institucional.

Conclusión

El hallazgo de la Oficina de Control Interno de la UCO pone de relieve la importancia de actualizar las normativas internas y de garantizar que la apariencia de legalidad no sustituya la verdadera transparencia. Mientras la universidad evalúa los pasos a seguir, la comunidad académica observa atentamente, esperando que la gestión de la cátedra de Begoña Gómez sirva como ejemplo de mejora institucional y no como señal de vulnerabilidad.