La Audiencia Nacional ha decidido excluir al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, del juicio que se le seguía por presuntos delitos fiscales relacionados con la fortuna no declarada que su familia mantuvo en Andorra durante décadas. La resolución, dictada este lunes 27 de abril de 2026, se basa en un informe pericial que acredita un deterioro cognitivo avanzado incompatible con la capacidad de comparecer y defenderse en un proceso judicial.

Un final inesperado tras años de investigación

La causa, que arrancó en 2014 tras las confesiones públicas del propio Pujol sobre la existencia de fondos no declarados en el Principado de Andorra, había mantenido al ex dirigente convergente en el punto de mira de la justicia durante más de una década. Aunque inicialmente se investigó a varios miembros de su familia por presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, la evolución de la salud de Jordi Pujol ha sido determinante para que el tribunal decida su exclusión del proceso.

La palabra de los peritos: incapacidad para el juicio

Según el auto judicial al que ha tenido acceso la redacción, el tribunal, presidido por el magistrado José Ricardo de Prada, ha considerado concluyente el informe médico presentado por la defensa y corroborado por los servicios peritos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. El documento establece que Jordi Pujol, de 94 años, presenta un estado de demencia senil avanzado con deterioro significativo de la memoria episódica, desorientación temporal y espacial, y incapacidad para comprender la naturaleza y consecuencias de un procedimiento judicial.

"El acusado no posee la capacidad suficiente para entender el objeto del proceso, colaborar eficazmente con su defensa o tomar decisiones relevantes acerca de su situación jurídica", señala el auto, que añade que mantenerlo en el banquillo vulneraría principios fundamentales del derecho como el derecho a la defensa y el debido proceso.

Qué queda en pie: el proceso contra otros implicados

La exclusión de Jordi Pujol no implica el archivo de la causa. El tribunal ha aclarado que el procedimiento continúa contra otros investigados, principalmente hijos y ex asesores del expresidente, quienes siguen enfrentándose a posibles cargos por delitos fiscales y de blanqueo. La investigación sobre el origen y la gestión de los fondos trasladados a Andorra sigue activa, aunque sin la posibilidad de interrogar directamente al patriarca del clan.

Entre los hechos que aún se examinan están las transferencias de capitales desde cuentas en paraísos fiscales hacia entidades andorranas, la posible simulación de operaciones comerciales para justificar esos movimientos y la omisión deliberada en la declaración de impuestos en España durante varios ejercicios financieros entre los años 80 y principios del siglo XXI.

Reacciones políticas y sociales

La decisión ha generado respuestas divididas. Desde sectores del independentismo catalán, se ha interpretado la medida como un acto de humanidad diante de la evidente fragilidad de una figura histórica. Otros sectores, particularmente aquellos que han impulsado las investigaciones financieras sobre el caso, han expresado preocupación por la imposibilidad de obtener declaraciones directas del principal interesado.

Organizaciones de lucha contra el fraude fiscal han insistido en que la exclusión de Pujol no debe significar el fin de la investigación, sino un paso para centrarse en quienes, según las pruebas documentales, gestionaron y se beneficiaron de esas estructuras financieras offshore.

Un capítulo que cierra, pero no concluye

Con esta resolución, se pone fin a la posibilidad de que Jordi Pujol declare en sede judicial sobre un asunto que ha marcado durante años el debate sobre la transparencia de las élites políticas y económicas en España. Aunque su presencia física en el juicio ya no será posible, el legado de la causa sigue vigente en los archivos judiciales, en las cuentas pendientes de aclarar y en el debate público sobre la responsabilidad patrimonial de quienes ocuparon cargos de máxima responsabilidad.

El tribunal ha señalado que cualquier futura evolución en el estado de salud del expresidente podrá ser revisada, aunque, dada la edad y el diagnóstico actual, dicha revisión resulta altamente improbable. Por ahora, la justicia española avanza sin uno de sus principales investigados, pero con la determinación de esclarecer hasta dónde llegó la red de opacidad financiera que rodeó a uno de los políticos más influyentes de la democracia española.